domingo, 5 de noviembre de 2017

EL MUNDO SIN LA URSS

Luis Britto García



Desde la Segunda Guerra Mundial el planeta vivió procesos de descolonización que desintegraron imperios como el británico, el francés, el belga, el alemán y el holandés. La Unión Soviética era el resultado de un proceso de agregación política que culminó con Iván IV, llamado el Terrible, en el siglo XVI. No es extraño que medio milenio más tarde se desagregara parcialmente, incluso contra la voluntad de cerca  del 80% de sus integrantes.

La Unión Soviética nunca fue, ni aspiró a ser una sociedad de consumo. Se lo impidieron el atraso de las fuerzas productivas legadas por el zarismo, el pesado gasto defensivo, la enorme inversión  que requería garantizar educación, salud y seguridad  social gratuitas para todos, y la priorización de los bienes de consumo básicos sobre los suntuarios y ostentosos. En suma, era la economía adecuada para sobrevivir al inminente agotamiento de la mayoría de los recursos energéticos, prevista por Estudios como Los límites del Desarrollo, del Club de Roma  y de Meadows.

La Unión, contra la cual  durante tres cuartos de siglo se estrellaron inútilmente los esfuerzos conjuntos de todos los imperialismos y fascismos, terminó así por sucumbir esencialmente ante la traición interna de algunas de sus dirigencias.
¿Valió la pena el desmantelamiento de este formidable proyecto económico, social, político y cultural? La instauración del neoliberalismo trajo consigo la ruina de todos los indicadores de esperanza de vida, ingreso per cápita, nivel educativo, atención a la salud y abastecimiento logrados con inmensas dificultades por el socialismo. Lo que había sido la Unión cayó abruptamente de su estatuto de segunda potencia del mundo a una situación de inestabilidad interna y de crecimiento de la delincuencia organizada y del capital especulativo. Durante casi una década un desequilibrado mundo unipolar sufrió las arremetidas de Estados Unidos, que se tradujeron en un rosario de guerras de destrucción y de saqueo. La excusa de la “Guerra al Comunismo” fue sustituida por la de la “Guerra al Terrorismo”, el “Conflicto de Civilizaciones”, la “Guerra contra la Droga”. Cambian los pretextos, la Guerra sigue.

Pero ni siquiera Estados Unidos resultó favorecido por la disolución de la gran experiencia socialista. Exhausto también por el insensato gasto armamentista y las políticas neoliberales, perdió su condición de primera potencia del mundo a favor de la República Popular China, que favorecida por la distensión de la Guerra Fría había podido dedicar su economía socialista a la producción de bienes de consumo.

Tampoco salieron ganando los trabajadores del mundo. Para evitar nuevas revoluciones socialistas, John Maynard Keynes y los gobiernos capitalistas preconizaron políticas de inversión pública anticíclica y en algunos casos de concesión de mejoras para los trabajadores, en los denominados “Estados del Bienestar”. Muerto el perro, se acabó la rabia: disminuida la “amenaza comunista”  se retiraron a los trabajadores todas las migajas que se les concedieron para conjurarla. El desmantelamiento de empresas, el desempleo masivo, la pauperización generalizada y el colapso financiero fueron los jinetes del Apocalipsis del Capitalismo Salvaje.

La Utopía neoliberal sólo ha tenido éxito en concentrar en ocho personas más riquezas que las de la mitad de los habitantes del planeta. Una vez más, los proletarios del mundo no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Como afirma Eugene Pottier en La Internacional: El mundo va a cambiar de base. Los nada de hoy, todo han de ser.

Un nuevo Boris Yeltsin se propone acabar con la Revolución Bolivariana desde adentro, haciendo aprobar por la Constituyente una Ley de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras, que aniquilará la industria nacional, hará inmunes a las transnacionales a las leyes y tribunales de Venezuela y reimplantará la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional contra la cual se rebelaron nuestro pueblo y Hugo Chávez Frías. Todos a detenerlo.
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domingo, 29 de octubre de 2017

CIEN AÑOS ROJOS

Luis Britto García

Recorro la Plaza Roja entre copos de nieve diminutos como granos de sal, y recuerdo.

 La Unión Soviética no se disolvió por voluntad de sus ciudadanos.  En el referendo de 1991, votaron 113.512.812 por preservarla (77,85%) y sólo 32.303.977 por disolverla (22,15%).

En la Unión, como en todas partes, el neoliberalismo entró con  sangre. El Poder Legislativo Soviético designó constitucionalmente Presidente a Boris Yeltsin. Este impuso administrativamente reformas neoliberales que acarrearon descontento y desabastecimiento. El Poder Legislativo, que lo había designado, también constitucionalmente lo destituyó.

Yeltsin hizo cañonear con tanques al edificio del Poder Legislativo y a los ciudadanos que acudieron inermes a defenderlo, con saldo de 197 asesinados, según fuentes oficiales, o de dos mil, según las extraoficiales. Con esta democrática masacre Yeltsin disolvió el Parlamento y los Consejos obreros, y subastó por miserias el patrimonio acumulado por la Unión Soviética en tres cuartos de siglo.
Pero ¿cómo  prevalecieron la facción neoliberal del ejército y la burocracia contra la mayoría de más de 113 millones de soviéticos?

Desde sus comienzos, la Unión debió invertir parte excesiva de su producción en una dura carrera armamentista, primero para consolidar la Revolución, luego para vencer en la Segunda Guerra Mundial, finalmente para sobrevivir a la Guerra Fría. Desde 1972, Nixon  aflojó la presión de la carrera armamentista contra la República Popular China. Ello le permitió a ésta concentrarse en su economía productiva, y arrojó contra los soviéticos el peso de mantener el equilibrio del terror en el cual se basaba el mundo, para lo cual debieron erogar dispendios exorbitantes contra amenazas como la Guerra de las Galaxias o la MAD (Mutua Destrucción Asegurada). 

Un esfuerzo defensivo de esta talla colosal no se mantiene sin un cierto grado de autoritarismo, propiciado por la herencia cultural de la autocracia zarista. Posiblemente ello contribuyó a que el aparato partidista disminuyera el contacto con las masas y acumulara privilegios. Trotsky afirmó que los administradores soviéticos formaban una nueva casta; Milovan Djilas en La Nueva Clase  y Michael Voslensky en Nomenklatura: The Soviet Ruling Class sostuvieron que integraban un estrato cerrado y privilegiado; Tony Cliff los consideró una nueva clase en sus escritos sobre el Capitalismo de Estado; incluso el Che Guevara, en un manuscrito durante mucho tiempo inédito, afirmó que las prácticas y vicios capitalistas habían comenzado a infiltrarse en la Unión. Este proceso avanzó hasta  que algunas  dirigencias, como las de Gorbachov o Yeltsin, proyectaron pasar de administradores privilegiados a propietarios absolutos.

Por otra parte, desde la Segunda Guerra Mundial el planeta vivió procesos de descolonización que desintegraron imperios como el británico, el francés, el belga, el alemán y el holandés. La Unión Soviética resultó de una agregación política que culminó con Iván IV, llamado el Terrible, en el siglo XVI. No es extraño que medio milenio más tarde se desagregara parcialmente, incluso contra la voluntad de cerca  del 80% de sus integrantes.

Pérdida  colosal, pero no irreparable.


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sábado, 14 de octubre de 2017

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INFORMACIÓN

Luis Britto García

Información es poder; debemos evitar los abusos del uno y de la otra. Examinemos el siguiente artículo de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.

OBSERVACIÓN: El acceso irrestricto a “documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas” implica para la República la virtual imposibilidad de mantener en reserva cualquier información. Los proyectos relativos a la política económica, a la defensa nacional o a la industria de los hidrocarburos, obviamente contienen información cuyo conocimiento es de interés para especuladores, traficantes de armas o competidores. Los documentos relativos al proyecto de reforma constitucional, que el decreto presidencial considera confidenciales, contienen asimismo información de interés para comunicadores y políticos. El régimen señalado impediría el desarrollo y aplicación efectivos de las políticas de la República.

Cabe advertir que el artículo 155 de la Ley Orgánica de la Administración Pública adhiere a este régimen de casi absoluta publicidad de los archivos de los poderes públicos al pautar que “toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y registros administrativos (…) salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto”. Por tanto, la ley establece un régimen de acceso total, sin otro  límite que  la Constitución –que sólo fija alguno en lo relativo a seguridad y defensa- o la ley especial, la cual difícilmente podrá vetar el acceso cuando la Carta Magna no lo hace.

Por tanto, se debe sustituir la última oración por la siguiente: “Igualmente, podrá acceder a los documentos de los archivos del Estado cuando no exista otra manera de probar un derecho que le concierna en forma directa”.

Por otra parte numerosas oportunidades los comunicadores han abusado de la prerrogativa de mantener en secreto sus fuentes, cubriendo con ella la inexistencia de éstas y la consiguiente responsabilidad personal. Materia tan delicada debe ser dejada a consideración de la ley, sin establecer constitucionalmente un régimen excepcional. Se sugiere que la excepción sea eliminada, manteniendo en forma genérica el derecho “de las profesiones que determine la ley”, entre las cuales el legislador podría incluir la de comunicador social. O bien, en los términos del artículo 57 ejusdem, se debe pautar que el comunicador “asume plena responsabilidad por todo lo expresado.”

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 28. Las personas naturales y jurídicas sólo están obligadas a suministrar a las personas privadas y las  autoridades las informaciones que deban rendirles de acuerdo con la ley.
El Estado y los particulares sólo podrán requerir de personas naturales o jurìdicas la información que éstas deban presentar conforme con la ley. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen un interés legítimo y directo. Igualmente, podrá acceder a los documentos de los archivos del Estado y de los particulares cuando no exista otra manera de probar un derecho que le concierna en forma directa y legítima. Las personas naturales y jurídicas sólo están obligadas a suministrar a los particulares y los poderes públicos las informaciones que deban rendirles de acuerdo con la ley.  Queda a salvo el secreto de las profesiones que determine la ley.



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domingo, 8 de octubre de 2017

PRESERVEMOS LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Luis Britto García

Seguimos señalando normas en nuestra Constitución que la someten a disposiciones de menor rango, de origen foráneo y sancionadas sin los requisitos de la Carta Magna. Por ejemplo:

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

OBSERVACIÓN: Una vez más, y con mayor claridad todavía, se otorga rango constitucional a normas que, como los tratados internacionales, no han sido sancionados con los requisitos de la Constitución, entre ellos el referendo aprobatorio. Aparte del menoscabo de la voluntad popular que ello supone, en esta norma el rango que se les otorga es contradictoriamente superior al de la Constitución, ya que “prevalecen en el orden interno”, siempre que “contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República”.  Así se intenta consagrar el imposible lógico y jurídico  de que otras normas tengan rango superior al constitucional, y se hace con respecto a normativas que han sido esgrimidas sistemáticamente por las grandes potencias y sus órganos jurisdiccionales contra los países en vías de desarrollo, como lo son las relativas a Derechos Humanos.

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones de derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela de acuerdo con esta Constitución y con sujeción a las normas de ella, tienen rango legal y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público, siempre que no contradigan las normas de la Carta Magna y el orden interno fundado en ellas. Corresponde a los tribunales de la República conocer de las violaciones sobre las materias reguladas por  dichos tratados.

Igual contradicción afecta al artículo 27 de nuestra Carta Magna:

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona; y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

OBSERVACIÓN: De nuevo se otorga rango constitucional a supuestos derechos que no figuran expresamente en la Constitución ni en las leyes de la República ni en los tratados ratificados por ésta. Así, aparte de que se crea una total incertidumbre jurídica,  se sujeta a Venezuela a posibles normas de origen foráneo, que podrían ser asimismo aplicadas en su contra por tribunales internacionales adversos a la soberanía nacional.

Por tanto, se debe eliminar del primer párrafo del citado artículo 26  la mención “aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

Y se debe estudiar minuciosamente la preservación del derecho de amparo a la libertad incluso en caso de estado de excepción  o restricción de garantías constitucionales. La persistencia de éste podría hacer inútiles tales medidas. Se recomienda eliminar tal disposición.

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lunes, 2 de octubre de 2017

CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS

Luis Britto García

Señaló Mark Twain que el Diablo puede citar la Biblia. Las potencias hegemónicas también utilizan en forma falaz el noble recurso  de los Derechos Humanos para atacar a los gobiernos progresistas. Hay que excluir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los textos que  posibiliten tales ataques. Por ejemplo:

Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

OBSERVACIÓN: El artículo precedente pareciera elevar al rango constitucional “los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República”, sin que  se cumplan los requisitos indispensables para darles tal rango. Por otra parte, toda una tendencia jurídica relativa a los Derechos Humanos tiende a dar la mayor relevancia dentro de éstos a la propiedad, y a sostener que ella es un derecho supremo que puede y debe ser protegido por tribunales internacionales y nacionales. Cualquier presunta violación del derecho de propiedad, o de otro derecho humano, podría así dar lugar a un fallo que destituyera al Presidente de la República o a otro mandatario por supuesta violación de derechos humanos.

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 19. El Estado garantizará a las personas y colectividades, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con lo dispuesto  en los tratados internacionales que sean ratificados por la República, salvo en los casos en que ello pudiera menoscabar su soberanía, inmunidad de jurisdicción y autonomía para resolver los asuntos internos.

Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

OBSERVACIÓN: Se debe definir en forma estricta la fuente que se reconocerá como válida de estos Derechos Humanos que “no figuren expresamente” en la Constitución ni en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. No se puede admitir vaguedad en cuanto a la generación de las normas que rigen la materia de los Derechos Humanos, llevada  al extremo con la afirmación de que “la falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”. Pero la ley expresa y vigente es la fuente de la competencia de los poderes públicos. Cualquier ente, organización o persona podría alegar supuestas categorías de estos derechos que “no figuren expresamente” en la Constitución ni en las leyes ni en los tratados, y alegarlos para deponer autoridades.
SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 22. Los derechos y garantías de los ciudadanos son los reconocidos en esta Constitución, en las leyes que la desarrollan y en los tratados internacionales que se ratifiquen de acuerdo con ella.

Luis Britto García

PD: UNA VEZ MÁS, EL INCONCEBIBLE RETARDO EN LA INTERNET DE CANTV NOS IMPIDE ILUSTRAR AMBOS TEXTOS CON NUESTRAS IMÁGENES.


ANTE LA AMENAZA

-Radicalicemos la revolución bajo ataque con ataques revolucionarios en todos los frentes.

-Consideremos las amenazas de agresión militar como agresiones de hecho; contestémoslas  con  iniciativas integrales de defensa popular.

-Emplacemos a las organizaciones internacionales para que respeten y hagan respetar sus estatutos constitutivos, que reconocen a los Estados miembros  soberanía, autodeterminación y no injerencia en asuntos internos.

-Instemos a las potencias hegemónicas a retirar sus bases militares de otros países, y a los pueblos y gobiernos de éstos  a oponerse a la ocupación de sus territorios.

-Denunciemos los tratados internacionales que someten la decisión de controversias sobre asuntos de interés público interno a leyes o tribunales extranjeros.

-Reciproquemos  sanciones de cualquier género con sanciones idénticas contra los intereses de los agresores en nuestro territorio.

-Condenemos y neutralicemos la práctica de financiar, promover y activar agentes de influencia, medios de comunicación y organizaciones violentas de índole paramilitar o cualquiera otra, para interferir en los asuntos internos de nuestros países.

-Dotemos a los gobiernos víctimas de guerra económica de plenos poderes para manejar la importación, producción y distribución de los bienes básicos, y para la confiscación masiva de los patrimonios que operen contra los intereses colectivos o estén incursos en delitos económicos o financieros.

-Apliquemos estrictos controles fronterizos para cortar el contrabando de extracción e introducción, así como la infiltración de paramilitares y explotadores ilegales de recursos naturales.

-Elevemos a rango constitucional el principio de Territorialidad de la Renta, en virtud del cual los  enriquecimientos obtenidos en un país deben ser sometidos a tributación en el territorio donde se producen, y no exceptuados del pago de impuestos con la idea de que empresas y ciudadanos extranjeros los  cancelarán a sus países de origen.

-Sancionemos leyes antimonopólicas contra la concentración de capitales en la industria de las comunicaciones, y reivindiquemos el dominio sobre el espacio radioeléctrico de los pueblos y los gobiernos que los representan.

-Creemos e incrementemos redes alternativas de información que contrarresten las falsedades propaladas por los  monopolios de la información y sus agentes internos.

-Aceleremos la conversión de nuestros sistemas informáticos a software libre, para defendernos contra el espionaje, la incomunicación o la circulación de mensajes falsos en nuestras redes internas.

-Sancionemos normas penales que tipifiquen en forma precisa los delitos de terrorismo, traición a la patria, subversión, tráfico con bienes subsidiados, acaparamiento y daños al patrimonio público.

-Condenemos las iniciativas imperiales de incentivar e intensificar  diferencias internas sociales, religiosas, regionales, étnicas o de cualquier índole  en nuestros países a fin de provocar y legitimar guerras civiles y secesiones.

-Preparemos activamente e incorporemos a toda la población a la defensa territorial, social, económica, cultural, comunicacional y estratégica y  a la guerra prolongada de resistencia.

-Estrechemos  vínculos establecidos con la región latinoamericana y caribeña y con los países no alineados y llamemos a todos los pueblos del mundo a la solidaridad social, económica, cultural, comunicacional y estratégica con Venezuela.



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sábado, 16 de septiembre de 2017

LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES

Luis Britto García

1
Muchos se preguntarán qué hace una fracción de empresarios en una Constituyente socialista. Respuesta: promover una Ley de Promoción y Protección de Inversiones, en lugar de una Ley de Promoción y Protección de los ciudadanos contra las Inversiones. Dicha Ley sería el primer paso para sancionar Tratados de Promoción y Protección de Inversiones. Quizá todavía su texto no ha sido redactado, pero sabemos por experiencia lo que contiene este tipo de normas. Es procedente que quienes votamos por la Constituyente sepamos de qué se trata.

2                                      
Leamos la edificante mitología: el invencible Hércules  corta las mil cabezas de la  Hidra de Lerma, regresa a casa y se arropa con la túnica de la piel del centauro Neso, que le ofrece su cuaima Deyanira. La túnica le causa tal ardor, que Hércules prefiere ser quemado vivo antes que sufrirlo. Releamos las noticias: Venezuela vence al ALCA en la escena internacional en 2005, sólo para consumirse en la túnica del ALCA endógeno: los infames Tratados contra la Doble Tributación, el proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal que intentaba privatizar ríos y lagunas, el Decreto con fuerza de ley de Promoción y Protección de Inversiones, preámbulo o sustituto de un Tratado sobre la misma materia.

3
¿Qué es un Tratado de Promoción y Protección de Inversiones? En el IV Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, Atilio Borón explicó que Estados Unidos ha promovido 90 acuerdos de tal índole para: 1)Garantizar que los inversionistas extranjeros sean tratados exactamente igual que los nacionales 2)Extender el trato que se da a la nación más favorecida en dichos acuerdos a todos los inversionistas extranjeros 3)Garantizar a los inversionistas extranjeros inmunidad contra  nuevas leyes que afecten sus intereses, tales como aumentos de impuestos o nuevas regulaciones 4)Obligar a los gobiernos locales a indemnizar a los inversionistas extranjeros por cualquier evento que disminuya sus ganancias 5) Prohibir a los gobiernos  políticas de “compre nacional”, de protección a productores vernáculos, de incentivos a la exportación o exigencia de uso de insumos del país 6)Someter a gobiernos y nacionales a tribunales o árbitros extranjeros, tales como el CIADI y el Tribunal Internacional para Arreglos de Diferencias entre Inversionistas, que invariablemente fallan a favor de las transnacionales, con lo cual desaparecen la legislación y la jurisdicción nacionales. La Hidra multilateral abrasa con 90 túnicas bilaterales.

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Entre 1997 y 1998 una Comisión de representantes del gobierno de Estados Unidos, con el embajador John Maisto y otra del gobierno venezolano con el para entonces ministro Teodoro Petkoff atizó una de estas túnicas para incinerar  Venezuela. El expediente  confiesa que la importancia del Proyecto de Acuerdo “responde a que los Estados Unidos de América constituyen el más importante inversionista en Venezuela” (p.4). Otras chamizas de la pira funeraria: el embajador venezolano Corrales objetaba que el tratado “limitaría hasta la capacidad del Estado a aplicar políticas productivas”, vale decir, le impediría proteger nuestras industrias (p.89). El proyecto de Tratado nos obligaba a acordar trato nacional a las empresas extranjeras, mientras que “El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá adoptar o mantener excepciones a la obligación de otorgar trato nacional a las inversiones cubiertas por el presente Tratado”. Privilegiaríamos a los estadounidenses como venezolanos –salvo en el cobro de impuestos, de los cuales los exoneran los infames Tratados contra la Doble Tributación- mientras que ellos sólo nos acordarían iguales derechos que a los estadounidenses cuando les diera la gana: es decir, nunca. El artículo IV obligaba a Venezuela a “acordar restitución o pagar compensación en caso de que las inversiones cubiertas en su territorio sufran pérdidas con motivo de guerra o de otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia, insurrección, disturbio civil o cualquier otro acontecimiento similar”. Nuestro país, o sea, cada uno de nosotros, garantizaría a los estadounidenses lo que ninguna aseguradora en su sano juicio puede asegurar. Sobre todo si, según suele suceder, dicho daño resulta de intervención de la más  agresiva potencia militar de la tierra.

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Tales abusos determinaron que el Tratado se quedara en el aire. Los enemigos de nuestro  país entonces encontraron la forma de introducir ese caballo de Troya mediante  normas internas. El trato nacional para las transnacionales fue contrabandeado en el inconcebible aparte del artículo 301 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “la inversión extranjera estará sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Las normas antinacionales de los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones se infiltraron en  la legislación interna en el Decreto con Fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones  de 22 de octubre de 1999.


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Examinemos algunas normas de dicho Decreto Ley. El artículo 11 prevé: “Parágrafo Único: Las indemnizaciones a que haya lugar con motivo de expropiaciones de inversiones internacionales serán abonadas en moneda convertible y serán libremente transferibles al exterior”. Así, se priva de valor a la moneda nacional para pagar obligaciones en Venezuela. Según su artículo 17,  “La República podrá celebrar contratos de estabilidad jurídica, con el propósito de asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condiciones económicas en el tiempo de vigencia de los mismos”. Así, se podría contratar: “1)Estabilidad de los regímenes de impuestos nacionales vigentes al momento de celebrarse el contrato 2)Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones 3)Estabilidad de uno o más de los beneficios o incentivos específicos a los que se hubiese acogido el inversionista o la empresa”.¡Inmunidad por contrato contra reformas tributarias y financieras! Quema pública del artículo 156 de la Constitución.

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¿Desacuerdos sobre la aplicación de estas normas inconstitucionales? Los  artículos 22 y 23 del citado Decreto con fuerza de Ley disponen que los pleitos de los inversionistas internacionales no serán resueltos por las leyes y tribunales de Venezuela, sino según “el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversibles (OMGI-MIGA)” o el “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI)”, y por “arbitraje internacional”. Leyes y tribunales venezolanos a la hoguera: quema de los artículos  156, 157 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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El Decreto Ley de Promoción y Protección de Inversiones fue derogado de hecho cuando, por decisión de Hugo Chávez Frías, nos retiramos del Pacto Andino y de la Comunidad Andina de Naciones. Pero quedó el citado texto del  artículo 301 de la Constitución, que troncha el derecho soberano de proteger nuestras industrias al disponer: “la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Esto es el  ALCA en trece palabras.  Por el contrario, en las Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República, dirigidas por el Comandante Hugo Chávez Frías a la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en septiembre de 1999, el Presidente proponía: “La República se reserva el derecho de defender las actividades económicas de su empresa nacional”. Los constituyentes lo ignoraron, y con él, al pueblo.  Denuncié el peligro en varios artículos durante el año 1999.  Nuestra política externa  derrotó victoriosamente el ALCA, pero la conservamos incrustada en una norma interna, y en la amenaza de una norma de Protección y Promoción de Inversiones. O desaparecen ellas, o nuestra economía. 

PD: Una vez más, debido a fallas del Internet de CANTV, publicamos este texto sin las imágenes de costumbre. 


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